Violencia de género: avanza la prórroga de la emergencia ante el colapso de denuncias

Frente a un escenario de extrema gravedad social caracterizado por un aumento sostenido del 93% en los registros de denuncias respecto de la última década —concentrando 3 de cada 10 presentaciones en el sistema provincial— y un alarmante saldo de siete femicidios contabilizados en lo que va del año, la Comisión de la Mujer, Género y Diversidad del Senado emitió dictamen favorable para prorrogar por dos años la Ley de Emergencia en Materia Social por Violencia de Género.

La iniciativa, impulsada por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro ante el inminente vencimiento de la norma previsto para el próximo 8 de septiembre, busca blindar los dispositivos de asistencia y protección en todo el territorio salteño. El proyecto habilita al Poder Ejecutivo provincial a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para sostener los programas esenciales, una urgencia acentuada por la nula transferencia de fondos nacionales destinados al sector.

Durante el plenario de comisiones —que contó con la participación de funcionarios del Ejecutivo y autoridades del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVIM)— se expusieron cifras lapidarias que desnudan la magnitud de la crisis. Desde la Dirección General de Políticas contra la Violencia se advirtió que la demanda de asistencia ya cubrió en lo que va de 2026 el 86% de todo el volumen registrado en 2025, con una proyección de incremento que trepará al 129%, mientras que los requerimientos de índole judicial experimentan un salto interanual estimado en hasta el 170%.

Uno de los puntos más críticos señalados durante el debate legislativo fue la profunda asimetría territorial en la contención de las víctimas. Representantes del Observatorio alertaron que menos del 50% de los municipios salteños mantienen operativas áreas específicas de género, tras haber sido absorbidas o diluidas dentro de las estructuras generales de Acción Social, dejando a las mujeres del interior provincial en una situación de desamparo ante el cierre de oficinas locales.

Ante este panorama, la senadora Navarro enfatizó la urgencia de redoblar la presencia estatal fuera de la capital, mientras que pares como Manuel Pailler y Gonzalo Guaymas reclamaron optimizar los protocolos de intervención inmediata —proponiendo derivaciones prioritarias y directas desde el Sistema de Emergencias 911— y garantizar el funcionamiento de equipos interdisciplinarios que no se limiten a tomar la denuncia inicial, sino que realicen un seguimiento integral del proceso judicial y sanitario.

Por parte del Ejecutivo, la subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat, ratificó que la continuidad de la ley resulta indispensable para sostener tanto la atención directa como las políticas de prevención de la Agencia de las Mujeres, remarcando la necesidad imperiosa de profundizar la capacitación policial especializada por constituir la fuerza el primer eslabón de auxilio. A su vez, se destacaron iniciativas comunitarias como el programa de descentralización “Aquí para vos”, el dispositivo psicológico “Caminando juntas” y la certificación de más de 640 agentes bajo la Ley Micaela en lo que va del año.

Con los dictámenes favorables firmados también por las comisiones de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, el proyecto quedó listo para su tratamiento definitivo en el recinto. La prórroga legislativa se erige así en un instrumento legal indispensable para sostener el andamiaje de protección en una provincia donde la violencia machista continúa cobrándose vidas y desafiando la capacidad de respuesta del Estado.