Prontuario en mano: Olmedo saca chapa de "constructor" libertario con causas judiciales

A la hora de reciclarse en la política, pocas figuras ostentan la plasticidad de Alfredo Olmedo. El histórico dirigente de la campera amarilla reapareció en la escena pública para autodefinirse como el "constructor" de La Libertad Avanza en Salta, jactándose ante los micrófonos de contar con el aval de Karina Milei por sus supuestos "cinco triunfos". Sin embargo, su reaparición no hace más que desnudar la profunda descomposición interna de un espacio que, bajo las banderas de la "nueva política", recicla los peores vicios de la casta tradicional.

El tablero libertario se encuentra completamente fragmentado de cara al armado electoral de 2027. Las tensiones internas escalaron tras el bochorno protagonizado por la comitiva de la ministra Sandra Pettovello y el desplante al gobernador Gustavo Sáenz —calificado por la propia funcionaria nacional como un acto de "mala educación"—. Lejos de cerrar filas, el bloque comenzó un raid de pases de factura públicos.

Mientras el concejal Rodrigo Quinteros salió a cuestionar duramente a la senadora nacional Emilia Orozco por considerar que su sobreactuación y sus videos virales terminaron perjudicando al propio gobierno nacional en el Congreso, otros dirigentes como la diputada nacional Eliana Bruno optan por tejer puentes subterráneos con intendentes saencistas (como en Orán y Aguas Blancas). En medio de este tironeo, Olmedo intenta pescar en río revuelto reconociendo a Orozco solo como una "líder de encuestas", pero reservándose para sí el control operativo del aparato partidario.

Memoria corta: de la "casta" a socio VIP

Que Olmedo intente encumbrarse hoy como el gran arquitecto del liberalismo local no deja de ser una paradoja grotesca. El exlegislador encarna fielmente aquello que el discurso libertario solía rotular como "la peor casta": un político de trayectoria camaleónica, funcionales al poder de turno y con un pesado historial judicial y laboral.

Conviene no olvidar que sobre el magnate sojero pesan graves antecedentes. A lo largo de su trayectoria empresarial y política, Alfredo Olmedo ha sido foco de diversas denuncias penales y judiciales vinculadas a la explotación laboral, el trabajo esclavo y las condiciones infrahumanas en sus explotaciones agropecuarias. Los episodios más resonantes incluyen:

• El operativo en La Rioja y la imputación por reducción a la servidumbre: Uno de los antecedentes más graves ocurrió tras inspecciones realizadas por organismos oficiales (como la AFIP y la Secretaría de Trabajo) en su finca "Alfredo H. Olmedo S.A." (también identificada como finca AHO), dedicada a la cosecha de aceitunas en la provincia de La Rioja. En dichos operativos se detectaron cientos de trabajadores —incluyendo familias y menores de edad— viviendo en condiciones infrahumanas, de hacinamiento y con graves deficiencias sanitarias, sin acceso adecuado a agua potable ni servicios básicos. A raíz de esto, Olmedo fue imputado penalmente en la Justicia Federal por los presuntos delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral, debiendo presentarse a declarar en los tribunales correspondientes.

• Denuncias sindicales recientes: Organismos gremiales y entidades como el RENATRE y UATRE han continuado realizando inspecciones y presentando denuncias formales por el incumplimiento de normativas laborales, registrando trabajadores migrantes bajo condiciones precarias e irregulares en sus predios productivos.

• Demandas y reclamos laborales: En sucesivas oportunidades (como los relevamientos de 2019), se acumularon denuncias de familiares de trabajadores y demandas por falta de pagos de conceptos básicos como aguinaldos, bonos, omisión de aportes patronales y situaciones extremas donde los empleados manifestaban estar retenidos o impedidos de salir libremente de las fincas debido a los malos tratos y al aislamiento de los establecimientos.

La gravedad de estas causas motivó en su momento pedidos de expulsión o destitución de la Cámara de Diputados de la Nación por "inhabilidad moral" impulsados por legisladores opositores, mientras que en el plano judicial el dirigente se ha defendido alegando supuestas motivaciones políticas detrás de las acusaciones.