Premiaron por su “vocación de servicio” a un médico denunciado por abusos y violencia de género

El gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón, confirmó que Javier Fernández, médico denunciado por violencia de género y abusos contra su exesposa e hija, recibió un reconocimiento interno por su desempeño. La explicación del gerente fue que no existía una notificación formal de la Justicia. El caso vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad institucional en una provincia declarada en emergencia por violencia de género.

El reconocimiento a un médico del Hospital San Bernardo volvió a abrir un interrogante incómodo para el sistema público de salud de Salta y sus funcionarios: ¿Qué criterios deben prevalecer cuando el trabajador de una institución sanitaria es denunciado por hechos de violencia de género y, al mismo tiempo, es distinguido por su desempeño profesional?

El protagonista es Javier Fernández, médico del hospital que enfrenta denuncias por violencia de género y abusos contra su exesposa e hija, además de acusaciones vinculadas con sus hijos. Pese a esa situación, recibió un reconocimiento interno por su “vocación de servicio y méritos”.

El propio gerente del Hospital San Bernardo, Dr. Pablo Salomón, explicó en el programa N&N que la distinción fue definida mediante una votación dentro del servicio. " Es un premio que que se lo da el servicio por vocación y méritos. Eso se hace a través de un sistema de votación en el servicio y así se llega al reconocimiento", contó el gerente.

La situación fue planteada durante el aniversario del policlínico regional más importante del norte argentina en la que se cuestionó precisamente la decisión de reconocer al profesional mientras pesaban sobre él denuncias de semejante gravedad.

Salomón sostuvo que el hospital no había recibido una notificación formal de la Justicia y que, por ese motivo, no correspondía estigmatizar al médico mientras el proceso judicial no estuviera resuelto. "En ningún momento recibimos una notificación formal de la justicia, por eso no podemos estigmatizar a alguien de quien todavía no sabemos a ciencia cierta...".

El argumento introduce una cuestión institucional que excede el expediente judicial: ¿la ausencia de una notificación formal alcanza para que una institución pública ignore las circunstancias que rodean a uno de sus profesionales cuando existen denuncias por violencia de género?

El gerente también evitó pronunciarse sobre la decisión del ministro de Salud, Federico Mangione, de apartar a Fernández de la atención directa de pacientes. Ante las consultas, sostuvo que se trata de una  cuestión que debe dirimirse en el ámbito de la Justicia.

“Nosotros no defendemos ni encubrimos a nadie”, fue, en esencia, la posición expresada por Salomón, quien remarcó que deben respetarse tanto los derechos de la denunciante como los del profesional denunciado.

La tensión entre la presunción de inocencia y la responsabilidad institucional

El planteo del hospital se apoya en una premisa jurídica conocida: una denuncia no equivale a una condena. Pero el debate planteado en torno al reconocimiento no se limita a determinar la responsabilidad penal del médico.

La discusión es otra: qué estándares debe adoptar una institución pública para proteger a posibles víctimas, preservar la confianza de pacientes y trabajadores y actuar preventivamente frente a denuncias de violencia de género.

Las periodistas Natalia Nieto y Silvia Noviasky, señalaron que el propio Ministerio de Salud ya había tomado una medida administrativa al disponer que Fernández dejara de atender pacientes. Por eso cuestionaron que el hospital planteara la falta de una comunicación judicial como el límite para asumir una posición institucional.

El contrapunto adquiere especial relevancia porque Salta se encuentra bajo emergencia por violencia de género, en un contexto en el que las políticas públicas apuntan justamente a fortalecer mecanismos de prevención y protección frente a situaciones de violencia.

En ese escenario, la pregunta que queda planteada es si una institución sanitaria debe limitarse a esperar una sentencia o si, frente a determinadas denuncias, también tiene la obligación de adoptar medidas preventivas y revisar decisiones internas que puedan resultar contradictorias con sus políticas de protección.

Porque una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra, muy diferente, es premiar institucionalmente a una persona denunciada por violencia de género mientras el caso se encuentra bajo investigación.