¿Éxodo evitado o familias rehenes? | El drama de sostener la educación privada en medio de cuotas millonarias

Mientras el Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC) minimiza el impacto de la crisis y descarta un éxodo de alumnos hacia la escuela pública, la realidad de las familias es otra muy distinta: están atadas de pies y manos, obligadas a hacer malabares imposibles para pagar cuotas que ya trepan hasta los 600.000 pesos.

La afirmación del presidente de la entidad, Agustín Montivero, quien aseguró que no existe un traspaso generalizado hacia las escuelas estatales y que incluso hay mayor demanda en secundario, ignora deliberadamente una verdad incontrastable. ¿Quién va a sacar a su hijo de la institución a mitad de año?

No se trata de una elección ni de un voto de confianza en la economía familiar, sino de una trampa burocrática y emocional. Cambiar de colegio a la mitad del ciclo lectivo es un proceso tan tortuoso como burocrático que provoca una interrupción monumental en la trayectoria escolar y en los aprendizajes de los chicos. Las familias quedan cautivas, convertidas en rehenes de un sistema educativo mercantilizado que funciona a fuerza de aumentos constantes tras cada paritaria.

Montivero explicó que, si bien las familias enfrentan dificultades para afrontar las cuotas, la mayoría continúa priorizando la educación de sus hijos. En ese sentido, reconoció que "existe morosidad en los pagos, aunque aclaró que suele regularizarse hacia fin de año" y aseguró que el programa nacional de vouchers educativos permitió aliviar la situación de muchas familia.

Aunque impacto del programa de Vouchers Educativos en Salta fue paupérrimo, consolidando una cobertura real de apenas 13.507 estudiantes efectivos pertenecientes a unas 8.176 familias salteñas. Esta bajísima incidencia responde a que la gran mayoría de los colegios privados de la provincia quedaron excluidos por no alcanzar el 75 % de aporte estatal obligatorio exigido por el gobierno nacional, lo que limitó la ayuda a unos pocos establecimientos parroquiales y dejó un saldo de cobertura marginal con solo 4.439 alumnos en primaria, 3.012 en secundaria y apenas 725 niños en nivel inicial.

Mientras las autoridades celebran que no hay colegios al borde del cierre y reducen el problema a una simple "morosidad que se acomoda a fin de año", los hogares salteños sufren el peso de cuotas confiscatorias que van desde los 110.000 hasta superar los 600.000 pesos. Hablar de estabilidad cuando los padres se endeudan, recortan gastos esenciales o dependen de asistencia externa para mantener a sus hijos en el sistema privado demuestra un profundo desapego con la agonía financiera cotidiana. La educación convertida en empresa no da tregua, y las familias siguen aguantando el tirón simplemente porque el costo emocional y pedagógico de escapar de ese corsé institucional es, por ahora, demasiado alto.