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Mujeres indígenas violentadas | A casi un mes del hecho, la justicia no actúa

Ana y Cecilia Leiva, reconocidas artesanas qom de Miraflores, Chaco, fueron golpeadas brutalmente por un grupo autodenominado Fuerza criolla. Poco más de un mes del hecho, la abogada a cargo del caso afirmó que no hay ningún detenido: «ni los han llamado a declarar».

Por Melina Sánchez

Sucedió el lunes 2 de agosto y el grupo racista golpeador estuvo compuesto, en ese momento, por alrededor de sesenta personas. La comunidad puso este hecho de violencia racial y otros tantos anteriores, que en determinadas zonas del territorio indígena aparecen como estatuídos, en manos de la justicia. Desde 2012, tras acuerdo con el gobierno de la Provincia del Chaco, esperan que se resuelva la posesión comunitaria de su territorio. Hablamos con la doctora Carolina Aquino, a cargo del caso.

Lesiones y ataque racista

La abogada de pueblos originarios Carolina Aquino, que lleva adelante el caso e interviene a través de JUM –Junta Unida de Misiones, Federación de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata-, comentó que hasta el momento no hubo novedades con respecto a los imputados por el hecho racista del 2 de agosto, no hay ningún detenido, ni los han llamado a declarar.

La denuncia se encuentra asentada en Comisaría de Miraflores, y se ratificó en sede de la Fiscalía Número 1 de Juan José Castelli, a cargo de la Dra. Raquel Maldonado, que es la que entiende en la causa. Ana y Cecilia Leiva ratificaron y ampliaron la denuncia allí: «ya se le pidió varias veces a la fiscal que llame a declaración de imputados pero no lo hizo todavía». El 2 de agosto, día en que fueron atacadas, en Miraflores son llevadas al hospital, ahí las revisa un médico del hospital que constata las lesiones. Después son citadas en la fiscalía de Castelli, en esa oportunidad son llevadas para revisación con el médico forense del poder judicial.

Situación jurídica y territorial del lote 88

En el lote 88 en el año 2012 a 2015 se promueve una acción de amparo, esa acción de amparo es acogida favorablemente por la justicia provincial y se reconoce el carácter de propiedad comunitaria indígena del lote 88. Fue apelada en varias instancias por el gobierno provincial hasta que la sentencia se confirma en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.

A raíz de ese amparo nosotros (dice Aquino) hacemos un juicio de escrituración contra la Provincia del Chaco para obtener el título de Propiedad Comunitaria porque el amparo solamente le reconocía la calidad de Propiedad Comunitaria pero no le otorgaba el título, entonces nosotros promovemos la acción de escrituración. En conjunto y en forma paralela una medida cautelar para que no se modifique la situación de hecho en la que se encontraba el lote 88. Porque nosotros habíamos tomado conocimiento de que la Secretaría de Territorio y Ambiente de la Provincia y el Municipio de la Localidad de Miraflores estaban por realizar un relevamiento territorial para posteriormente conectar servicios básicos y proceder a la regularización dominial, es decir, iniciar un proceso donde eventualmente se les otorgarían títulos de propiedad a los habitantes no indígenas del lote 88. Entonces interponemos esta medida cautelar que también resulta favorable a la comunidad indígena.

La Jueza del Juzgado civil y comercial de Juan José Castelli les dice al estado que no pueden hacer ningún tipo de modificación, no pueden conectar luz, no pueden conectar agua, ni realizar ese relevamiento que estaban planificando hacer. A raíz de esto el gobernador solicita una audiencia de conciliación con toda la familia Leiva. El gobernador de la provincia, la vicegobernadora también estuvo, las secretarías y los ministerios que era pertinente que estén. Se celebra esta audiencia en diciembre de 2020, y en esa audiencia las partes acordaron que el Gobierno del Chaco asuma la obligación de entregar el título de propiedad a fines de marzo del año 2021 y nosotros íbamos a permitir conexiones de luz y agua provisorias por el término de un año y previa firma de un comodato de los habitantes no indígenas con la comunidad indígena para que se efectivicen estas conexiones y posteriormente el gobierno de la provincia del chaco iba a iniciar un proceso de reubicación voluntaria de las familias no indígenas.

Entonces el plan era que se iba a ir viendo, porque hay muchas familias que dicen que ellos se irían del lugar si tiene lugar adonde ir, se irían voluntariamente. Entonces el gobernador propuso primero reubicar a los que tengan voluntad de irse, hacer una reparación por las mejoras que se pierdan, una indemnización, o lo que corresponda, para los no indígenas, y durante ese proceso, mientras dure ese proceso, se iban a realizar las conexiones de luz y agua en forma provisoria. ¿Qué pasó? Se iniciaron todas las obras, para proceder a estas conexiones y las familias se negaron a firmar los comodatos con la comunidad. Por lo tanto quedó parado esto de las conexiones, aproximadamente 8 meses, que sería lo que vamos de este año 2021.

A principios de agosto el intendente de la municipalidad comienza a darles a los habitantes no indígenas unas constancias de ocupación, y entonces ellos se presentaron en Seechep con esas constancias de ocupación, y pidieron que les conecten la luz y Seechep lo hizo. Y es por eso que al ver esta situación Ana les reclama y les dice “qué están haciendo porque ustedes debían firmar un comodato previamente”, y es ahí donde las golpean a ella y a Cecilia.

Judicialmente nosotros le informamos a la jueza del incumplimiento de la cautelar y de los acuerdos. La jueza impuso una multa diaria de mil pesos al Gobierno de la Provincia del Chaco por cada día que se atrase en entregar el título de Propiedad Comunitaria, pero todavía no se resolvió nada en cuanto al intendente y de Seechep, que es la empresa prestadora de energía eléctrica por la actitud que asumieron.




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