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Garantizar derechos NO ES DELITO

Una médica del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal fue detenida por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo, tras la exigencia de oleada feminista en todo el país fue puesta en libertad.

Por Natalia Fernández

PH: Gentileza Maru Rocha Alfaro

La médica residente del Hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal, Miranda Ruiz fue detenida tras la denuncia del familiar de una paciente por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo, además fue expuesta a la presión de medios de comunicación y la información falaz de médicos y funcionarios públicos. La rápida organización feminista y el repudio a nivel nacional, que incluyó movilizaciones en Tartagal, Salta y CABA, desembocó en la recuperación de su libertad ese mismo día.

En el parte de prensa difundido por el Ministerio Público Fiscal se informó que la médica habría incurrido en el delito de practicar una Interrupción Voluntaria del Embarazo a una joven que se encontraba en la semana 22 de gestación. La ley 26.710, de interrupción voluntaria del embarazo, establece la práctica hasta la semana 14 para los casos en que las mujeres y personas gestantes decidan interrumpir el embarazo. Sin embargo, en el artículo 4° la ley establece que no hay un período límite para aquellos casos en los que el embarazo es producto de un abuso sexual o pone en riesgo la salud o la vida de la mujer o persona gestante. 

Este caso revela  cómo se manejan las estructuras de poder. Miranda es la única médica que da cumplimiento a la ley 26.710, es decir, es la única médica no objetora de conciencia en el hospital. El abogado de la familia de la paciente, Rambert Ríos, es el mismo que defiende al médico Marcelo Cornejo, imputado por abusar sexualmente de sus pacientes a cambio de realizarles abortos. El fiscal Gonzalo Vega solicitó la imputación que fue aprobada por el juez Mariscal Astigueta, el mismo que negó la interrupción legal del embarazo a la niña wichi “Juana”, quien había sido víctima de un abuso sexual en banda. 

El lawfare como práctica disciplinadora

Miranda, tras la constante arremetida de los medios de comunicación, decidió hablar sobre lo sucedido. En Salta|12 definió la acusación penal como “un caso típico de lawfare en donde se instala una causa falsa con denunciantes que no pueden denunciar, y sin goyete legal”.

En esta embestida de los grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, Miranda señaló que “no solo me usan a mí, sino también a la paciente” y definió este proceso como una práctica disciplinadora sobre las y los profesionales de la salud que dan cumplimiento a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El padre de la médica, que es abogado desde hace 37 años y docente en Derecho Público en la UBA, dijo para el mismo medio: “No podemos estar en manos de un puñado de atorrantes para manejar las cosas como se les canta. Eso es algo feudal. Imagínese la inseguridad jurídica entonces ante cualquier profesional que tenga que intervenir en una interrupción de embarazos

Mi hija es víctima de este tipo de caprichos por querer imponer una actitud moral. No les importa decir cualquier cosa. Apuestan a la posverdad. Miento y con eso cometo el delito de prevaricato”, añadió el padre de Miranda.

El caso evidencia la fuerza que tienen en la provincia los grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, como así también la impunidad de la que muchos gozan, desde el médico que informó a la familia de la joven que estaba interrumpiendo el embarazo, violando el secreto profesional y el derecho a la confidencialidad de la paciente, hasta la concejala de Salvador Mazza Claudia Subelza quien difundió, con mentiras, el nombre de la paciente y la médica, exponiendolas a la revictimización y de la diputada Cristina Fiore, quien se refirió al caso también con falacias. 

Aunque Miranda tiene la libertad el proceso judicial continúa vigente, su abogado explicó que existen los elementos pertinentes para obtener el sobreseimiento. La interrupción del embarazo se hizo en el marco de los causales establecidos por la ley y fue evaluado por un equipo interdisciplinario.




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