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APeS repudia el proyecto de ‘’Creación de Colegio de Profesionales de la Comunicación Social’’

La Asociación de Periodistas de Salta -APeS- manifiesta su más profundo repudio y rechazo al Proyecto de ‘’Creación de Colegio de Profesionales de la Comunicación Social’’, autoria de Adrián Valenzuela, y expresa su preocupación ante el hecho consumado, que un proyecto de esta magnitud fuera presentado en el más absoluto de los silencios y tomara de inmediato estado parlamentario.

El Proyecto en cuestión fue presentado el 06/08/2021 -en plena campaña política- sin difusión alguna, con Número de Expte 44579/21 y firma del diputado Adrián Valenzuela, del Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, como autor.

Nos preocupa  que el diputado Valenzuela haya ingresado un proyecto que carece de sustento académico, ético y jurídico. Evidentemente, el diputado ni siquiera se tomó el trabajo de leerlo, de otro modo, podría haber registrado plagio en al menos uno de los párrafos, como el artículo 22 en que se lee (textual):

‘’Art. 22.- Del Órgano Revisor de Cuentas. Funciones. Son funciones del Órgano Revisor de Cuentas:

  1. a) Examinar los libros de contabilidad y documentos del Colegio de Instrumentadores Quirúrgicos como mínimo una vez al mes’’.

Por otro lado, observamos llamativas coincidencias entre la redacción del proyecto de creación del Colegio de Profesionales de la Comunicación Social y el del Colegio Profesional de Instrumentadores Quirúrgicos de Misiones.

‘’LEY I-171POSADAS, 27 de Agosto de 2020 Boletín Oficial, 21 de Septiembre de 2020 Vigente, de alcance general’’, publicado en el sitio SAIJ -Sistema Argentino de Información Jurídica-, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Consultado Valenzuela por el presidente de APeS, Fernando Primero Climent, el diputado respondió: “Para que llegue al debate tiene que pasar por cuatro comisiones, mínimo, y no está la voluntad porque es un proyecto, te vuelvo a repetir, INVIABLE, dentro de la realidad. Hubiera sido diferente que se enmarque en Comunicaciones Sociales, en el rango profesional que justamente apunta el proyecto”. Apreciamos que el mensaje del diputado fuera breve, de otra manera, la confusión se multiplicaría, tanto como sus palabras.

El proyecto es ‘’inviable” pero lo recibe sin leerlo y lo ingresa para que tome estado parlamentario.

Luego, afirma públicamente: ‘’El proyecto presentado fue por pedido expreso de Gloria Borezay, quien me solicitó que ingrese como proyecto ante una necesidad que ella y un sector vieron viable’’. ¿Así de sencillo se resuelven las actividades parlamentarias para dar respuestas a quienes más necesitan? Evidentemente, no. Luego, ¿por qué instituciones como la Asociación de Periodistas de Salta, el Sindicato de Prensa Salta, la Red PAR Salta, la Agrupación Periodistas Feministas, no fueron consultadas?

¿Qué objetivo puede perseguir un proyecto mal redactado, plagiado, ingresado a las apuradas, que no sea acotar, lesionar la libertad de expresión y el derecho a la información (derechos vapuleados históricamente en la provincia), sin tener en cuenta el abundante corpus normativo nacional, leyes, decretos, jurisprudencia y tratados internacionales que hablan sobre la inconveniencia de colegiar una actividad no liberal como el periodismo?

A propósito, para informar a quienes redactaron el proyecto y al diputado que lo ingresó a la Cámara de Diputados, la ‘’CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN CONSULTIVA OC-5/85DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985 COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE PERIODISTAS (ARTS. 13 Y 29 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, solicitada por el gobierno de Costa Rica’’ dice en la parte resolutiva: “Por unanimidad: que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos’’(Pacto de San José de Costa Rica, noviembre de 1969).

En iguales términos, la ‘’Declaración de Chapultepec, adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México D.F. el 11 de marzo de 1994’’ manifiesta en el apartado Principios, puntos 1, 2 y 3: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.

La Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión, para todos quienes habiten este país, en los artículos 14, 32 y 75, incisos 17, 19, 22. El Decreto Presidencial 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, la ‘’Colección de dictámenes sobre derechos humanos, Libertad de expresión y acceso a la Información Pública’’ del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proveen abundante material de consulta para autores desprevenidos de proyectos dirigidos a coartar nuestras libertades. Y advertimos que las líneas jurisprudenciales sobre el tema, no se agotan en las fuentes mencionadas.

La Ley 12908, Estatuto del Periodista Profesional que, con algunas modificaciones insuficientes continúa vigente, especifica y reglamenta la labor profesional periodística y reconoce derechos a quienes la ejercen, dice en su  Artículo 2º: ‘’Se consideran periodistas profesionales, a los fines de la presente ley, las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias, o periódicas y agencias noticiosas. Tales el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario general, secretario de redacción, prosecretario de redacción, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traductor, corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente. Se incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas”.

Sabemos que los estados provinciales ejercen poder de policía sobre las profesiones liberales pues son los que, mediante leyes o decretos, autorizan la formación de Colegios o Consejos Profesionales que se agrupan en función de actividades específicas o títulos habilitantes. En este contexto, los estados provinciales delegan el gobierno de la matrícula en los propios profesionales y la regulación de la actividad en cada provincia.

Está claro, que, según nuestra Carta Magna, la jurisprudencia y los tratados internacionales, el periodismo no es considerado una actividad liberal, por cuanto emitir opiniones, ejercer la libertad de expresión remunerada o no, de manera continua o discontinua, es un derecho inalienable, universal, un bien y un servicio social. Que, de ninguna manera, puede ser violentado por ningún organismo estatal, paraestatal o privado de orden público, como un Colegio de Profesionales de la Comunicación Social.

Este proyecto, redactado en contradicción flagrante con el artículo 23 de la Constitución de Salta, pretende mercantilizar las opiniones a partir del pago de una matrícula, arrogarse la autoridad de suspender hasta seis meses en el ejercicio del periodismo a quienes hayan sido sancionados por el Tribunal de Ética y Disciplina, es decir, suspender el derecho a ejercer la libertad de expresión, derecho que comprende según artículo 13 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto San José de Costa Rica), “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Entre las incongruencias que demuestran que este Proyecto fue presentado sin lecturas ni consideraciones académicas previas, se establece que “Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere una antigüedad mínima de 5 (cinco) años de inscripto en la matrícula y no ser miembro de otro órgano”. Y los aspirantes a integrar el Tribunal de Ética y Disciplina (…) deben demostrar  una ‘’antigüedad mínima de seis (6) años de inscripto en la matrícula”. Inferimos que, de aprobarse un proyecto en estos términos, el Colegio pretendido, funcionaría 5 años, sin Comisión Directiva, que ningún socio de APeS podría integrar esa Comisión y que habría que esperar 6 años para conformar el Tribunal de Ética y Disciplina.

En los raquíticos fundamentos, carentes de toda habilidad y responsabilidad profesional, contrariando los propósitos del Colegio que se pretende crear se lee: “a continuación se declara lo importante que es la comunicación social y la información. Y las cosas que son importantes lo hace la gente preparada, idónea y capaz”. ¿Con qué sustento filosófico y ético, con qué criterios históricos-sociales-económicos y políticos pueden los autores del proyecto definir “lo importante”? y ¿cuál sería la extensión, dimensión y sentido de “gente preparada, idónea y capaz”? Entre las comunidades de pueblos originarios, campesinas, rurales, conocemos personas que nos dan cátedra, permanentemente, sin ningún título habilitante.

Nos preguntamos, dónde están las posibilidades de inclusión de voces originarias, de periodistas que deben ejercer oficios múltiples para mantener sus espacios en radios, televisión, sitios web. De mujeres de hogares marentales, que trabajan fuera y dentro de sus casas para gestionar sus vidas y la de sus hijos, cuestión que obstaculiza el cursado de las carreras obligatorias para integrar la élite de “periodistas con títulos”. ¿Dónde están las posibilidades de ingresar a este círculo áulico, de las personas lesbianas, trans, no binarias, cuando, por su condición de género, enfrentan grandes dificultades para ingresar al mercado de trabajo? ¿Dónde estarían las voces campesinas y las radios comunitarias? En un solo lugar: afuera, absolutamente fuera del espectro de la diversidad de opiniones y palabras de una sociedad, que se pretende, democrática, pluralista y diversa.

No se nos pasa por alto, que, desde hace tiempo, funcionarios de los tres poderes, intendentes, efectivos de las fuerzas de seguridad, se han visto envueltos en escándalos de distinta índole. Que pagar millones de pesos en concepto de pauta publicitaria a un puñado de privilegiados, no les asegura el blindaje mediático con el que la mayoría de funcionarios sueña.

Es lícito pensar que un Colegio de Profesionales de la Comunicación Social pueda estar dirigido por periodistas afines a los gobiernos de turno, con lo cual, se convertiría en una herramienta rápida y eficaz para obturar elegantemente la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. ¿A quiénes  beneficia este proyecto, entonces? ¿A la comunidad periodística de la provincia de Salta, o al gobierno? En estas circunstancias y tal cual está planteada esa propuesta, creemos que beneficiaría mucho más al gobierno que a los periodistas.

Por todo lo expuesto, por presentarse como un plan excluyente, misógino, racista, discriminador, clasista, elitista, repudiamos y rechazamos el Proyecto de Colegio de Profesionales de la Comunicación Social y, solicitamos al diputado Adrián Valenzuela, sea retirado de inmediato.

A cambio, proponemos, que con la misma celeridad, se trabaje en un proyecto de Acceso a la Información Pública, y otro de Distribución Equitativa de Pauta Publicitaria, como  modo de democratizar la palabra y terminar con las arbitrariedades de funcionarios que distribuyen dineros públicos con total discrecionalidad y se muestran renuentes a dar publicidad a la letra chica de sus actos de gobierno.

La libertad de expresión y derecho al acceso de información, es y continuará siendo no el privilegio de pocos, sino el derecho de todos y todas.

Salta, 30 de Agosto 2021




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