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Ya son 3 las provincias que reconocen el derecho al acceso efectivo de insumos de Gestión Menstrual

Catamarca se convirtió en la tercera provincia  con una ley de gestión Menstrual. Tucumán y San Luis fueron las primeras en tener una legislación de este tipo. 

Por Natalia Fernández

El 19 de agosto, el Senado catamarqueño aprobó por unanimidad la ley 5.708, que crea un Programa de Gestión Menstrual, siendo así la tercera provincia que reconoce como derecho el acceso efectivo y gratuito de productos e insumos para la menstruación. 

La ley establece que los productos de gestión menstrual son elementos de necesidad básica y necesaria que contribuyen a la protección de la salud de las mujeres y personas que menstrúan. Además, plantea que disminuye las situaciones de desigualdad económica puesto que quienes menstrúan tienen un gasto extra, provocado por los costos de los insumos requeridos. 

En mayo, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) presentó un informe en el que señaló que el costo anual de las toallitas y tampones incorporados al programa Precios Cuidados equivale al 46% del ingreso mensual promedio de una persona. También alertó que para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, el costo anual se eleva al 52% de su ingreso mensual, es decir que, al año, destinan más de una AUH en comprar estos productos. 

Un informe de Economía Femini(s)ta, publicado el año pasado, develó que en Argentina la mitad de las mujeres tienen salarios inferiores a $17.900. «Las mujeres de deciles más bajos tienen ingresos de $4.021 mensuales. Es decir, para un hogar pobre, con dos mujeres que menstrúan y un único ingreso, el gasto anual equivale a un mes y medio de ingresos», destacó el informe de la DNEIyG . 

En este sentido, María Claudia “La Negra” Albornoz, referente del feminismo villero, explicó a Página|12 que “En momentos de crisis las mujeres dejamos de comprar productos de higiene menstrual para priorizar alimentos. En las villas, se utiliza algodón, trapos o papel de diario. Y por toda la vergüenza que implica, porque por miedo de mancharse no salen a trabajar o a estudiar”. 

Además, según expone Mariana  Carbajal para el mismo medio, “de acuerdo con los datos del Observatorio Villero, seis de cada 10 de las familias encuestadas tuvieron que dejar de comprar productos de higiene menstrual para comprar otros productos de primera necesidad. En el 64 por ciento de los hogares encuestados tuvieron que sustituir por otros elementos, generando apósitos caseros con tela, algodón, papel.

 En Salta, en el 2019, el diputado radical Héctor Chibán presentó un proyecto de ley que buscaba proveer copas menstruales en los hospitales generales, centros de salud, centros integrales de la mujer e instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada. Además, el proyecto contempla garantizar el acceso a la información y la difusión de este insumo, que si bien ronda los $2.000 tiene una vida útil de entre 5 y 10 años. Lamentablemente el proyecto nunca fue tratado.

La falta de acceso a los productos de gestión menstrual afecta severamente las condiciones de las mujeres y las personas que menstrúan. Es un factor que determina la posibilidad de asistir a la escuela o al trabajo, como así también puede generar complicaciones a la salud de las mujeres y personas que menstrúan. 




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