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El papa Francisco cambió la ley eclesiástica para criminalizar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes

El papa Francisco cambió la ley eclesiástica para criminalizar de forma explícita los abusos sexuales por parte de sacerdotes que sacan provecho de su autoridad, y para señalar que los legos que ejercen labores en la Iglesia pueden ser sancionados por delitos sexuales similares .La nueva ley entrará en vigencia el 8 de diciembre.

Las nuevas normas, publicadas tras catorce años de estudio, forman parte de la sección revisada del código penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano, el sistema legal que rige a la Iglesia católica de 1.300 millones de miembros.

Este es uno de los siete libros que forman el Código de Derecho Canónico, y su modificación entrará en vigor a partir del próximo 8 de diciembre. ”Para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia (católica) en todo el mundo resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por san Juan Pablo II el 25 de enero de 1983 con el Código de Derecho Canónico”, explicó el pontífice.

El trabajo de revisión se inició en 2007 con el papa emérito Benedicto XVI, y concluye ahora, con un texto que “introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas”, en palabras de Francisco. También se ha mejorado “desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal, como el derecho de defensa, la prescripción de la acción penal, una determinación más precisa de las penas”.

En Argentina hubo más de 60 denuncias por abusos sexuales en la Iglesia en los últimos 20 años. En Salta se recuerdan los casos de José Aguilera que se desempeñaba en la Iglesia de Santa Lucía y tenia cargos en el arzobispado Salteño y la Universidad Católica, fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. Gustavo Zanchetta quien fue investigado por posibles abusos cometidos cuando era el obispo de Orán y que tuvo el caso más conocido a nivel internacional por su cercanía con el Papa, ya que luego de la denuncia en 2017 viajó y se radicó en Roma, aún no fu juzgado. Agustín Rosa Torino acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y de abuso sexual simple, actualmente goza de presión domiciliaria desde 2017 y a la espera de fecha para el juicio. Néstor Aramayo, quien fue profesor de la Universidad Católica, acusado de abuso de una menor de 14 años y condenado en 2016 a dos años de suspensión en el ejercicio del sacerdocio y  tratamiento psicológico. Alessandro De Rossi, denunciado en 2013 por múltiples abusos sexuales en la parroquia del Barrio Islas Malvinas, meses antes decidió volver a Italia excusando haber sido víctima de un asalto violento, en 2014 la Justicia ordena su detención y permaneció unos meses en prisión domiciliaria hasta que la justicia italiana decide librarlo por falta de pruebas y negar el posterior pedido de extradición. Emilio Lamas, sacerdote en la parroquia de Rosario de Lerma, acusado en 2016 de violación y expulsado de la Iglesia en 2018, espera enfrentarse a juicio este año. La monja Maria Pacheco quien fue detenida en 2016 acusada del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración en el tiempo y corrupción de menores, y absuelta en juicio en Febrero de éste año.

Algunos puntos importantes que reconoce la Ley

Los cambios más significativos están en dos artículos, el 1395 y el 1398, que pretenden corregir problemas y déficits en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad, y dicen que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos.

El pontífice expresó que se ofrecen “criterios objetivos en la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto”, reduciendo la discrecionalidad de la autoridad, para favorecer la unidad eclesial en la aplicación de las penas, “especialmente para los delitos que causan mayor daño y escándalo en la comunidad”.

El Vaticano también penalizó el grooming de menores o adultos vulnerables por parte de sacerdotes para incitarlos a participar en material pornográfico. Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos y otras distinciones, para luego explotarlos sexualmente.

La reforma también retira buena parte de la capacidad de discreción que permitía a obispos y jerarcas de la Iglesia ignorar o encubrir los abusos, y deja claro que pueden afrontar responsabilidades por omisiones y negligencia a la hora de investigar y sancionar adecuadamente a los sacerdotes implicados en los abusos.

Francisco aprobó recientemente nuevas normas para castigar a los obispos y superiores religiosos que no protejan a sus feligreses. El nuevo código penal incorpora esos cambios y va más allá. Según la nueva ley, los sacerdotes que mantengan relaciones sexuales con cualquiera – no solo un menor o una persona sin capacidad de razonar- serán expulsados si utilizan «la fuerza, amenazas o abuso de su autoridad» para conseguir esas relaciones.

En otra novedad dirigida a abordar los crímenes sexuales cometidos por legos que ejercen tareas dentro de la Iglesia, como fundadores de movimientos religiosos legos o incluso administradores, la nueva ley indica que los legos pueden ser castigados de forma similar si abusan de su autoridad para cometer crímenes sexuales. Como los legos no pueden ser expulsados del sacerdocio, se contemplan sanciones como perder sus empleos, multas o ser apartados de sus comunidades. La necesidad de esa cláusula quedó clara en el escándalo en torno a Luis Figari, el fundador lego del grupo conservador con sede en Perú Sodalitium Christianae Vitae, que tiene 20.000 miembros y delegaciones en toda América del Sur y Estados Unidos.

Fuente: Infobae.




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