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El Gobierno no combate la pobreza, combate al pobre

Familias asentadas en Los Pinos, San Lorenzo, fueron desalojadas esta mañana por la policía de Salta. Es el 39° desalojo en once meses de gobierno de Gustavo Sáenz.

Se trata de ocho familias que estaban asentadas hace más de un año en barrio Los Pinos, municipio de San Lorenzo, colindante a la capital salteña y que estaba integrado en su mayoría por mujeres, y sus hijos, que sufrieron violencia de género.

En 11 meses de gestión, el gobierno provincial de Gustavo Sáenz alcanzó el récord de 39 desalojos en toda la provincia mientras las familias inscriptas en el IPV crece año tras año mientras los loteos privados de desarrolladoras inmobiliarias avanzan a gran escala.

Según el Registro Nacional de Barrios, hasta 2016 existían en Salta poco más de 146 asentamientos, de los cuales 39 pertenecen a la capital

No es de ahora, los ex mandatarios provinciales Romero y Urtubey gobernaron 24 años entre ambos, y siempre priorizaron los negocios privados por sobre las necesidades públicas, como lo demuestran los casos de La Ciénaga con Romero y las tierras del norte provincial con Urtubey. «Los gobiernos actúan como protectores y promotores del capital privado, no están al servicio de los derechos de la gente», indicó Raquel Adet, investigadora de las tierras en Salta y militante por los DDHH.

En Salta más del 45% de la población está bajo la línea de pobreza con un déficit habitacional de 72.000 viviendas. En este marco, una de las principales estrategias de los gobiernos es criminalizar a los pobres, estigmatizarlos y judicializarlos a través de sus operadores judiciales, mientras los medios de comunicación oficialistas se encargan de mostrar que están ahí «porque quieren».

Foto portada: Violeta Gil




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