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Los de abajo | Víctimas de exclusión, criminalización, judicialización y desprecio por una parte de la sociedad

Estas características se hacen notorias cada vez que salteñas y salteños reclaman por tierras para vivir debido al enorme déficit habitacional existente en la provincia que, prioriza las especulaciones inmobiliarias sobre el derecho a la vivienda.

por Ramiro Jiménez

El más reciente caso con el que se puede ejemplificar las conductas descriptas es lo que sucede con los asentados en Ampliación de Parque La Vega, al sur de la ciudad, en donde más de mil familias se asentaron en marzo y que a la fecha quedan poco más de 600 pero sin una solución a la vista y con una fuerte indiferencia del Gobierno Provincial.

Un relevamiento realizado por El Tintero, dio cuenta que el 75% de los asentados no podía solventar los gastos de un alquiler ni tampoco tenía un lugar donde ir. El otro 25% tampoco podía afrontar el compromiso de pagar un alquiler mensual, pero a diferencia de la mayoría, podía vivir en condiciones de hacinamiento junto a otras familias en un mismo domicilio.

En el asentamiento, muchos integrantes de las familias no poseen trabajos formales, situación que los lleva a ´changuear´ (trabajos informales) y a vivir el día a día. En una reunión de la que participaron 250 personas de la toma, preguntaron cuántos de los que estaban allí habían terminado la primaria, obteniendo como resultado que sólo 60 habían podido terminar esos estudios, mientras que sólo 2 de ellos, terminaron la secundaria.

En este marco social fue detenido de manera irregular , el 14 de octubre, Renzo Yuthiel Alderete, uno de los delegados de los vecinos asentados al volver de una cita realizada por Pablo Outes, Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, y que llamativamente no los atendió y derivó la reunión con Antonio Hucena, quien solo «gestionó» otra reunión.

La detención de Yuthiel fue de película, de terror, con policías de civil, autos sin chapa patente y sin orden judicial. Todo sucedió en dos minutos, cronometrado.

Mientras los esfuerzos se centraban en conocer el paradero de Alderete, desde los medios de comunicación alineados al Gobierno Provincial instalaban en la opinión pública que Yuthiel había sido detenido por «un problema de drogas» influeyendo de esta manera en la opinión pública. Este medio confirmó que Renzo Yuthiel Alderete no cuenta con antecedentes penales.

El submarino

Por haber dado positivo de Covid, luego de su detención, Yuthiel Alderete fue aislado en la Alcaidía, pero en la primera entrevista presencial que mantuvo con sus abogados, el 2 de noviembre, relató las vejaciones sufridas. Las manifestaciones de Alderete fueron documentas un día después por Marcela Gutiérrez, miembro de la Mesa de Derechos Humanos.

Contó Yuthiel que «fue sacado de su celda por tres oficiaes del GOPAR (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo, a quienes reconoció por sus ropas) encapuchado y sumergieron su cabeza en un piletón en tres oportunidades, mientras insistían en que diera nombres y le aseguraban que esto no va a quedar así», señala el comunicado que dio a conocer el mismo organismo.

Claramente Salta mantiene intacto los métodos represivos de tiempos oscuros. A Yuthiel le hicieron el submarino, una habitual forma de tortura durante la dictadura cívico-militar.

«No aceptamos que se sigan sucediendo estás prácticas en instituciones de un gobierno democrático. Exigimos se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables, asimismo responsabilizamos al gobierno de Gustavo Sáenz por la integridad del Sr. Alderete», aclararon desde la Mesa de DDHH.

«No se combate la pobreza, se combate al pobre»

Según el registro de los Barrios Populares en Salta existen más de 154 asentamientos de los cuales 39 son de la capital y el resto está en el resto de la provincia.

Raquel Adet, militante por los Derechos Humanos indicó en el programa televisivo Pasaron Cosas que los asentados «andan como parias en su propia ciudad, nadie los escucha», y se refirió al rol del Estado. «Los gobiernos actúan como protectores y promotores del capital privado, no están al servicio de los derechos de la gente».

En Salta más del 45% de la población está bajo la línea de pobreza y hay un faltante de 72.000 viviendas. “El gobierno dice que son todos punteros y ladrones, reducen un problema social que se viene arrastrando hace décadas, que no es un fenómeno de Salta sino del país”. Para Adet, «no hay voluntad política para solucionar esto».

Foto de portada: María Alaniz




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