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Piden a la Corte que defina un juez para el juicio contra el diputado Orozco

La audiencia debate prevista para marzo se suspendió por la emergencia sanitaria. Se fijó una nueva fecha para junio pero varios magistrados se rehusaron para llevar adelante el juicio. Ningún juez se anima a juzgar al diputado que tiene 33 causas.

El procurador de la provincia, Abel Cornejo, consideró oportuno que la Corte de Justicia de Salta intervenga y determine la competencia del Juez de Garantías del Distrito Judicial del Sur, para que continúe el juicio contra el legislador Gustavo Orozco y otros policías. Advirtió que la falta de juzgamiento oportuno de hechos tan graves como los atribuidos a los imputados, podría constituir una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y un incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La causa es por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, y llegó al Ministerio Público Fiscal donde se excusaron las magistradas y magistrados, Carolina Poma Salvadores; Héctor Sebastián Guzmán; Ada Guillermina Zunino e Ignacio Colombo.

Orozco deberá afrontar 1 de las 33 causas en las que se encuentra involucrado

El juez de Garantías de Tercera Nominación del Distrito Judicial del Centro, Antonio Germán Pastrana, rechazó la excusación del Juez de Garantías del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, Héctor Guzmán y remitió en devolución la causa, para que continúe su intervención. Guzmán dispuso la elevación de las actuaciones a la Corte de Justicia, para que dirima la cuestión.

La Corte, en sucesivos pronunciamientos, reivindicó el principio de tutela judicial efectiva y sostuvo en referencia al postulado de pronta administración de justicia contenido en preceptos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, que éste supone “la necesidad de aplicar criterios judiciales tendientes a evitar, cuando no disminuir, las contiendas entre tribunales e impedir el excesivo desgaste jurisdiccional consecuente y, por sobre todo, proporcionar una respuesta pronta y más adecuada al derecho de acceso a la jurisdicción, máxime al existir personas privadas de su libertad”, tal como acontece en el caso en particular.

Por otra parte, la falta de juzgamiento oportuno de hechos tan graves como los endilgados a los imputados, podría constituir una violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y un incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Finalmente, el Procurador resaltó que la actitud del Juez de Garantías de la circunscripción Anta, -juez natural de la presente causa-, resulta absolutamente contraria al deber de impartir justicia que la Constitución de la Provincia de Salta le impone, atento a que ha dilatado –sin motivo legal alguno- el trámite de la causa.

Orozco y los demás policías esperan ser juzgados por las torturas, vegaciones y detención arbitraria durante varios meses de Francisco Díaz. El hecho tuvo lugar hace tres años en la ciudad de Rosario de la Frontera.

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