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Aprobaron mediante DNU el cupo laboral trans

El decreto establece que, en el sector público nacional, se debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgéneros. Repasamos algunos datos escalofriantes de la Salta patriarcal y abusiva.

Mediante el mismo se instituyó que, en el sector público nacional, en los términos del árticulo 8 de la ley Nº 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y tránsgerneros que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Dicho porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas personas en cualquiera de las modalidades de contratación vigente.

En el decreto también se establece la creación de un registro de anotación voluntario de personas travestis, transexuales y/o transgéneros aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional.

También la creación de la Unidad de coordinación interministerial que entre sus objetivos deberá garantizar los procedimientos para el cumplimiento efectivo del decreto y garantizar espacios educativos necesarios para las personas travetis, transexuales y/o tránsgéneros que quieran finalizar sus estudios o capacitarse.

Tal decreto fue firmado por el presidente de la nación, Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta del ministerio de las mujeres, géneros y diversidad.

Un poco de luz a una vida oscura

El abuso policial es una de las tantas situaciones de violencia y vulneración de derechos que padecen travestis y trans en su cotidianidad. No importa la hora del día ni lo que se esté haciendo, un cuerpo travesti-trans parece siempre ser leído en términos de infracción y por ende, sujeto a un castigo con saña.

En el informe 2016 “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina” presentado al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), se denunció que “si una travesti o mujer trans es nueva en un barrio, la policía ejerce diversos actos para demorarla, identificarla, hostigarla, humillarla, presionarla, agredirla sexualmente y, por último, privarla de su libertad. Estas prácticas se repiten de manera sistemática, el control es cotidiano, sobre cada una y el colectivo. Quienes están en mayor situación de vulnerabilidad son las que se encuentran en situación de prostitución, en las ciudades son demoradas por la policía y requisadas con regularidad semanal”.

Estos motivos son suficientes para que la derogación del artículo 114 del Código de Contravenciones de la Provincia sea una de las consignas que el colectivo trans/travesti levanta con fuerzas. Bajo la premisa de prohibición de ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública, son arrancadas de las esquinas a golpes de puño, arrastradas y humilladas en los espacios de detención. “La violencia que sufrimos es de lunes a lunes, se acrecienta los fines de semana pero es en cualquier horario. No vamos a bajar los brazos”, sentencia la activista Nicole Erazo.

En Salta, durante 2018, el Observatorio de Violencia contra la Mujer indicó que hubo 10 travesticidios/ transfemicidios, representando el 16% del total de la Argentina. Salta es una de las provincias con mayor porcentaje luego de las jurisdicciones de Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, agrupadas, poseen un 36%.

Cuando en 2015 encontraron a la activista Diana Sacayán asesinada en su departamento, el colectivo LGBTIQ sintió este golpe como uno de los más duros. Una amiga de Diana, durante una de las primeras audiencias, declaró: “Lo que sentí en ese momento y siento es: si le hicieron esto a ella que era una figura pública, una defensora de derechos humanos, ¿qué queda para nosotras, las anónimas?”.




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