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Federico Diez

Violencia de Género | Denuncian favoritismo judicial y fiscal a favor del juez Diez

Hace dos años que el juez Federico Diez está encausado por violencia de género, pero la causa no llegó todavía a juicio. Hace dos meses, el magistrado acusó a su ex pareja por los mismos delitos, y el fiscal ya elevó a juicio esta causa.

Abogadas del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta, denunciaron que el Poder Judicial y el Ministerio Público obstruyen el “ejercicio del derecho profesional”, el “acceso a la justicia de la víctima” y dan un tratamiento “diferencial” a la denuncia penal por lesiones agravadas, desobediencia judicial y amenazas con armas, realizada en contra del juez Federico Diez (de la Sala VII del Tribunal de Juicio) por su ex pareja y a la denuncia presentada recientemente por el magistrado, que ahora acusa a la víctima, ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Justo Vaca.

La denuncia del juez, que sostiene haber sido víctima de lesiones leves agravadas por la relación de pareja, es de hace unos dos meses, mientras que quien fuera su pareja lo denunció en julio de 2016. Sin embargo, ambas causas están ahora en la etapa de requerimiento de elevación a juicio.
Las abogadas recordaron precisamente que en la causa contra el juez hay requerimiento de elevación a juicio (“que nunca fue notificado a las abogadas querellantes de la víctima), pero esta tramitación se retrasó por presentaciones del acusado. “Esta referencia que realizamos tiene como fin afirmar que en la causa existen elementos suficientes de convicción, que sustentan y fundamentan tal requerimiento”, sostuvieron las abogadas, quienes señalaron que les llama “poderosamente la atención, cómo en tan poco tiempo, menos de dos meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP), el fiscal Vaca cuenta con los elementos de prueba y haga un requerimiento de elevación de la causa a juicio, imputándole el delito de lesiones agravadas por la relación de pareja a la señora A.L.G, cuando por otra parte, las denuncias que hizo la  señora A.L.G. hace dos años aproximadamente, las abogadas querellantes no saben donde se encuentran, porque desde el Poder Judicial no les dan ninguna respuesta, ocasionándole un terrible daño que sufre a diario la víctima”.

Asimismo, interpretaron que el acusado “está teniendo un trato diferenciado, por tratarse de un magistrado, decimos esto porque los recursos sucesivos que interpuso Diez, al sólo efecto de dilatar el proceso iniciado en su contra, se encuentran en suspensión, sin saber a dónde está radicado el expediente”, pese a que la Corte de Justicia ya rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa del juez.

“Es paradójico señalar que la única víctima de esta situación, la señora A.L.G, se convierte o pasa de ser víctima a victimaria, de denunciante a denunciada, configurándose una vez más, un proceso por parte de la Fiscalía Penal Nº 2 de revictimización o victimización secundaria, incurriendo dicho órgano en violencia institucional, prevista y contemplada en la Ley Nacional 26485 de Protección integral y ley Provincial 7888”, afirmaron las abogadas. Y denunciaron que “a todas luces el Poder Judicial y Ministerio Público están representando un ambiguo papel, donde las estructuras jurídicas androcéntricas y patriarcales reproducen no solo violencia institucional, sino también simbólica, en contra de la señora A.L.G”.

Tras reseñar las previsiones de la Convención de Belem do Pará de 1996 referidas a los “Deberes de los Estados, las abogadas del Instituto Jurídico indicaron que en este caso se estaría “ante la posibilidad de una doble condena por parte del sistema penal, donde ambas conductas, es decir la víctima y la del señor Diez estarían equiparadas, cuando en realidad deberían recibir tratamientos opuestos”.

En tal sentido señalaron que el fiscal Vaca está desconociendo las actuaciones realizadas en la primera causa, que tiene al juez por imputado y que se sustancia en el Juzgado de Garantías 1. En lugar de tener presente esta primera denuncia, el fiscal pidió la elevación a juicio de la causa que tiene por acusada a la denunciante primigenia “enviando antes a la víctima a juicio en calidad de imputada, con el peso y la connotación simbólica que ello trae aparejado”.

Asimismo, señalaron que el fiscal “reproduciendo violencia institucional, al desconocer que las violencias contra las mujeres se encuentran enraizadas en las estructuras jerárquicas heteronormativas y patriarcales que caracterizan al sistema penal, y la discriminación que en ese marco sufren las victimas, se traducen en el trato desigual que las mismas reciben por parte de los operadores jurídicos, haciendo ilusorios la aplicación efectiva que en tal sentido se encuentran insertos en nuestra normativa” y que miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público “omiten arteramente”.

En este contexto la denunciante “siente que el hostigamiento no solo lo reconoce proveniente en la persona del señor Diez, sino también de quien tiene la obligación de hacer efectivo el acceso a la Justicia”. Es que “ya transcurrieron prácticamente dos años desde la consumación de los hechos denunciados” y la posibilidad que se debatan en un juicio, “tal como lo establece no solo la normativa procesal sino también las leyes dictadas en pos de resguardar a las víctimas de violencia de género, encuentran obstáculos insalvables, aparentemente, en el marco de la estructura judicial”.

Las abogadas recordaron que para que “las mujeres sean ciudadanas plenas de derecho es necesario que se juzgue con perspectiva de género, sin ello no hay justicia ni equidad para las miles de mujeres víctimas de violencia machista en todos sus tipos y todos sus ámbitos”.

 

Fuente: vove.com.ar




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