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La odisea para obtener una pensión no contributiva por discapacidad

Más de 176 mil expedientes en resolución, de los cuales casi 60 mil en todo el país están siendo evaluados por solamente cinco médicos y cuyo tiempo de demora supera largamente los dos años. Esa es la realidad que hoy atraviesan las personas con discapacidad.

 

Por Christian González D´Alessandro

 

La seguridad social fue pensada desde sus orígenes para brindar cobertura ante un estado de necesidad del hombre y su grupo familiar directo. Lasprestaciones más conocidasson las del sistema previsional: las jubilaciones y pensiones de carácter contributivo.Sin embargo, hay otros grupos vulnerables que también necesitan de la presencia del Estado, el que debe garantizar beneficios de índole asistencial.

 

Durante el 2018, miles de personas con discapacidad sufren de la ausencia y burocracia gubernamental. De uno de los informes presentadoeste año por el jefe de gabinete de ministro, Marcos Peña,ante la Cámara de Diputados de la Nación se desprende quehasta el 17 de febrerohubieron 175.393 pensiones no contributivas sin resolución cuya espera de tiempo ha superado largamente los dos años cuando, hasta el 2015, la tramitación completa duraba entre ocho y diez meses.

 

Las pensiones no contributivas de esta naturaleza son derechos que conceden a personas que atraviesan por dos situaciones particulares: la discapacidad y la vulnerabilidad social. Quienes la solicitan deben tener un 76 por ciento, como mínimo, de incapacidad laboral y estar en condiciones de pobreza tanto el requirente como el grupo familiar con el que vive.

 

Vale aclarar que el monto dinerario de este tipo de prestación corresponde al 70 por ciento de una jubilación mínima, o sea el equivalente a 5.667,20 pesos mensuales mientras que la canasta básica calculada al mes de abril por la Defensoría de la Tercera Edad supera los 19.290 pesos, con lo que cubren solamente un poquito más del 29 por ciento de la misma.

 

Desde 2017 la gestión del presidente Mauricio Macri hizo fuertes ajustes y restructuraciones al sistema de desarrollo social. En junio del año pasado la ministra del área, Carolina Stanley, dispuso la baja de beneficios no contributivos a unas 70 mil de personas incapacitadas, con enfermedades graves y a niños con síndrome de Down sin la previa notificación alos titulares.

 

La respuesta oficial obedeció a la reimplementación de un viejo decreto presidencial del año 1997 que establecía mayores exigencias y condicionamientos que debían reunir quienes buscan acceder a una pensión de esta naturaleza.

 

Según Peña en su último informe, las bajas derivan en que durante el gobierno anterior se “entregaba pensiones no contributivas por invalidez laboral a personas que no reunían los requisitos mínimos fijados en la normativa que rige la materia, habiéndose detectado numerosos casos en los cuales quienes recibían pensiones no cumplían con ninguna de las condiciones detalladas” en la normativa.

 

Para el jefe de gabinete, se ha comenzado “un proceso virtuoso” por el cual  ahora estas pensiones sólo “se otorgan a aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley”, haciendo que “los recursos lleguen a quienes legalmente corresponde la percepción del beneficio”.

 

Poco tiempo después de esta primer poda, la cartera que comanda Stanley traspasó a la Vicepresidencia de la Nación el programa de pensiones asistenciales para discapacitados creándose la Agencia Nacional de Discapacidad, ANADIS, a la que se le encomendó la gestión de los trámites no contributivos para este sector.

 

Sin embargo la ANADIS, que debiera “fomentar el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden los derechos de las personas con discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión”, no estaría cumpliendo sus objetivos.

 

Los más de 175 mil de expediente en trámite de todo el país duermen el sueño de lo eterno a la espera de que sean resueltos. Según Peña, 59.859 de esos casos deben ser evaluados por una comisión de salud compuesto tan solamente por cinco médicos evaluadores, previo al acuerdo de la prestación.

 

Si consideramos que cinco médicos deben dar respuesta a la demanda de casi 60 mil expediente que están actualmente en danza en todo el país se desprende que de mantenerse ese promedio sin dictamen, para la totalidad de los otorgamientos, se necesitaría más de cuatro años y medios, sólo para la cantidad habida a esa fecha y sin contar los nuevos que se inicien a posteriori.

 

Esta triste situación está lejos de aquel spot de campaña de Mauricio Macri cuando se lanzaba como candidato a presidente y decía: “Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie”.

 

Hoy miles de discapacitados transitan por la odisea de conseguir el derecho a una pensión y viven de la caridad familiar. Sólo cabe una reflexión final: cuando el Estado mira hacia otro lado, la justicia se transforma en injusta y la necesidad en hereje.




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