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#ColonizaciónModerna | La tierra y la violencia contra los indígenas

En 23 días vence la Ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas y Cambiemos está comprando tiempo para no prorrogarla.

 

Sancionada en 2006, esa ley suspendió los desalojos de comunidades indígenas por el término de cuatro años. El tiempo pasó y en 2009 no se había avanzado por lo que fue necesaria la Ley 26.554 para prorrogar la suspensión de los desalojos hasta 2013. Llegada la fecha y ante su incumplimiento nuevamente se creó una ley, la 26.894, con fecha límite en noviembre de 2017. La legisladora Magdalena Odarda viene insistiendo para que se trate su proyecto de ley a fin de prorrogar hasta noviembre de 2021 los plazos establecidos e incumplidos.

 

Los desalojos de diferentes comunidades privilegiando los intereses de los terratenientes son moneda corriente en las provincias, y mientras Gendarmería irrumpe violentamente en sus dominios arrasando con todo a su paso, para que la justicia luego devuelva esas tierras a los poseedores de los títulos propietarios, los integrantes de los pueblos originarios ven sus casas destruidas y sus pertenencias quemadas al tiempo que son catalogados como “usurpadores” de las tierras de sus ancestros.

 

Violencia estatal

 

Aún no se han logrado frenar los desalojos judiciales registrándose casos en Las Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil Antriao (Neuquén), Santa Rosa Leleque (Chubut). Sobre otras pesa orden de desalojo, frenadas por el momento por recursos judiciales (Cheuquel, Huayquillán, en Neuquén). Otras se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de su territorio (Comunidades de la Reserva de Yabotí, en Misiones).

 

La violencia estatal en la ejecución de los desalojos en Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa) provocó la muerte de dos personas. El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en ocasión de protesta por sus tierras. En todas las acciones hubo innumerables daños materiales, morales y comunitarios.

 

En 2015, la comunidad mapuche Pu Lof Chushamen, Chubut, se propuso recuperar parte de sus tierras ancestrales, actualmente usurpadas por Luciano Benetton, quien posee más de 900.000 hectáreas. Esta decisión significó el inicio de amedrentamientos y acciones represivas por parte del Estado a través del ingreso de Gendarmería a sus tierras.

 

Benetton, Lewis, Macri

 

Tanto el magnate Lewis como Benetton son poseedores de cientos de hectáreas reclamadas por los Mapuches, y necesitan tiempo para que expire la prórroga de la Ley 26.160 que impide los desalojos, porque de realizarse los relevamientos, deberán reconocerle a los mapuches la propiedad comunitaria de las tierras que habitan, por esta razón es conveniente inventar un enemigo.

 

De acuerdo a un informe de Resumen Latinoamericano, Macri compró tierras en Salta en la zona de Rivadavia y Dragones, y con ayuda del gobernador Juan Manuel Urtubey desalojó comunidades indígenas wichis, a las que también dejó sin agua desviando los arroyos existentes hacia sus sembradíos de soja. Se trata de aproximadamente 14 familias que luego de ser desalojadas quedaron a la vera de la Ruta Nacional 81. El cacique Rafael Carlos Tejerina aún aguarda respuestas por parte del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

 

Derecho constitucional

 

La Constitución Argentina, en el Artículo 75, Inciso 17 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, garantizando “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”, reconociendo “la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y regulando “la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

 

El vencimiento del plazo de la Ley 26.160 no puede derogar un derecho garantizado por nuestra Constitución, máxime cuando es el Estado quien dificulta el empadronamiento, porque la ley que reglamenta un derecho constitucional puede limitarlo, pero no puede extinguirlo.

 

(Mariana Escalada, Agustín Ronconi. El Disenso).




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