full screen background image
Santiago Maldonado1

#Opinión | La manipulación mediática y política de la desaparición de Santiago Maldonado

El tratamiento mediático de la desaparición de Santiago Maldonado ha sido un concierto de manipulación de los hechos, de conceptos jurídicos y del sistema judicial en general.

 

 

Por Luis Segovia

Abogado

 

Con esta manipulación se intentó maquillar las sospechas que pesan contra Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Hechos

Ha pasado más de un mes desde la desaparición de Santiago Maldonado, y en el transcurso se han descartado varias hipótesis en lainvestigación.-

El Juzgado Federal de Esquel informó a través de un comunicado, que la hipótesis de un enfrentamiento con el puestero Evaristo Jones quedaba descartada al no coincidir el perfil genético analizado con los elementos aportados.

También se descarta la hipótesis de que al huir de la represión se haya ahogado en el río Chubut, ya que el mismo no tiene más de 1 metro de profundidad en su parte más profunda.

La hipótesis de que haya cruzado a Chile es investigada por las fuerzas de ese país por pedido de las autoridades argentinas, pero es muy débil, ya que existen más de 45 kilómetros desde el lugar en donde se lo vio por última vez y es un lugar reconocido como muy malo para cruzar, incluso por la misma gendarmería.

Por el contrario, cada vez se hace más fuerte la hipótesis de la desaparición forzada de personas, hecho que fue denunciado desde un primer momento por la familia de Maldonado y los organismos de  derechos humanos, y que fue confirmado por cuatro testigos ante el juez federal de Esquel.

Conceptos Jurídicos

En el programa Periodismo Para Todos del 27/08/17, el periodista Jorge Lanata, afirmó que la desaparición de Santiago Maldonado no podía ser llamada desaparición forzada de personas, porque para eso había que demostrar que había un plan sistemático del gobierno para hacer desaparecer gente, y, atribuyó este razonamiento a un problema de lenguaje de frívolos malintencionados que quieren culpar al gobierno de Macri, y se autoproclamó su defensor.

Una semana después, escribió un artículo en el diario Clarín [1] en el cual intentó borrar con la mano lo que había vociferado, afirmando que no hacía falta un plan sistemático, y citó la ley 26679 –ley que introduce la figura al código penal- y la Convención de ONU para Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada de Personas.

Efectivamente, para hablar de desaparición forzada de personas hay que leer las leyes, como hizo Lanata una semana después, pero es interesante también observar los aportes que ha hecho la jurisprudencia de la Corte IDH, no solo para entender conceptos, sino para observar las características que tiene que tener la investigación penal de este delito.

En ese marco, la desaparición forzada de personas es un delito que comete un grupo de personas, pues necesita de una pluralidad de conductas, cohesionadas con un único fin [2].

Sus elementos constitutivos son: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. No hace falta un plan sistemático, aunque si lo hubiera es tratada como un crimen de lesa humanidad.

Es por eso que de solo leer el artículo 142 ter, del código penal, se advierte el error de la ley argentina, que parece admitir que este delito puede ser cometido por un funcionario o una persona individualmente. Nada más alejado de la realidad.

Cuando se leen los tratados que rigen la materia (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y Convención de ONU para Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada de Personas), la descripción del delito refiere a “agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

Sistema Judicial

Sobre cómo debe ser la investigación penal de este delito, se observa que solo la creciente movilización social y la presión de organismos internacionales [3], han hecho mover las estanterías de la justicia federal para que se investigue este caso como desaparición forzada de personas.

Sin embargo, los funcionarios del gobierno nacional y la mayoría de los medios de comunicación han intentado influir en la opinión pública para que se analice el caso como si fuera un crimen común y no como una violación de derechos humanos.

En este sentido, se ha expuesto: que no hay pistas firmes, que no hay nada que certifique que Santiago Maldonado haya sido detenido, que en las declaraciones de los gendarmes no existen contradicciones, que el jefe del operativo declaró que no hubo detenidos.

El análisis del caso como un crimen común intenta ignorar la experiencia recogida por nuestro país, en donde los pactos de silencio, la ausencia de pruebas directas, justamente en los casos de desaparición forzada de personas, han sido características comunes.

Observemos que la naturaleza clandestina de este delito hace imposible exigir pruebas directas, lo cual dimensiona la ridiculez de los argumentos que se exponen a la opinión pública.

En este sentido, la Corte IDH ha dicho que es especialmente válida la prueba indiciaria, de testigos indirectos, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de la víctima [4].

Por último, cabe recordar que en el caso, luego del pronunciamiento del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de Personas, la Gendarmería fue apartada de intervenir en la investigación, aunque nadie fue separado de su cargo, ni tampoco la ministra Bullrich ni el secretario Nocetti, por defenderlos.

En este sentido, se ha faltado a la garantía que dispone el art. 12 del Convenio de ONU para que las personas sospechadas de cometer el delito no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalias sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación.

Es evidente que no se investiga el caso como una violación de derechos humanos y si como un crimen común.

 

Referencias

[1] “Un caso que se convirtió en un Congreso de Paranoicos”. Clarin, 2/09/17

[2] Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.

[3] El 7 de agosto intervino el Comité de ONU y el 22 de agosto hizo lo mismo la Comisión IDH.

[4] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 131; Corte IDH. Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 137.




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *